Convenio de Doble Imposición entre España y Panamá

El Convenio de doble imposición entre España y Panamá, que también fue suscrito para la prevención de la evasión fiscal, se extiende a los impuestos sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio. Entró en vigor el 25 de julio de 2011, y desde entonces Panamá salió de la lista de territorios penalizados tributariamente en España por ser considerados paraísos fiscales a ser considerado un país con “efectivo intercambio de información tributaria”.

En general, sigue las pautas del Modelo de Convenio establecido por la OCDE, aunque con ciertas diferencias. Cabe destacar que este Convenio de Doble Imposición contiene varias normas específicas antiabuso:

Para empezar, se estipula que no serán de aplicación los artículos 6 a 22 del Convenio:

  • A las entidades residentes de un Estado contratante cuando las rentas obtenidas estén exentas en ese Estado como consecuencia de que los servicios prestados surten sus efectos en el exterior, salvo que estén relacionados con actividades de almacenaje o manufactura cuando estas se desarrollen en ese Estado contratante.

Se indica expresamente que “no resultarán de aplicación, cuando se cumplan las condiciones recogidas en el párrafo anterior, a las zonas libres y otros regímenes especiales”.

  • A los fideicomisos, fundaciones de interés privado y a las organizaciones no gubernamentales.

En segundo lugar, se establece que el Convenio no otorgará los beneficios del tratado a aquellas personas que no sean el beneficiario efectivo de las rentas procedentes de otro Estado contratante. También se dispone una específica y clásica restricción relativa a los artículos 10, 11 y 12 que no se aplicarán cuando el objetivo de la persona relacionada con la creación o cesión de los dividendos, intereses o cánones/regalías sea el de obtener beneficio.

Otras características notables de este Convenio de Doble Imposición son las siguientes:

  • Dividendos (art. 10): Se dispone un tipo impositivo techo para los dividendos procedentes del Estado de la fuente del 10% en tanto que, dándose una participación de al menos el 40%, el tipo se reduce al 5%. Se prevé asimismo la exención de los dividendos de una sociedad en caso de que el capital esté dividido en acciones o participaciones y la empresa sea residente del otro Estado, siempre que la empresa posea al menos el 80% de la sociedad que paga los dividendos en determinados casos. Asimismo, se consideran exentos los dividendos pagados a un fondo de pensiones, y el impuesto complementario sobre establecimientos permanentes con un tope del 5% puede reducirse a 0% en ciertos casos.
  • Intereses (art. 11): Se establece un límite de gravamen del 5%. También se prevé la exención en la fuente en caso de que el perceptor coincida sea el Estado, Banco Central, instituciones financieras, fondos de pensiones, etc.
  • Cánones (art. 12): Se dispone un tipo límite en la fuente del 5% del importe bruto. Además, se contempla una cláusula antiabuso específica.