El convenio de doble imposición España Francia

El convenio de doble imposición España Francia, firmado en octubre de 1995, fue publicado en el BOE el 12 junio de 1997, fecha en la que entró en vigor.

Con 91 aprobados y 12 en negociación, España cuenta con una amplia red de acuerdos de este tipo, que proporcionan seguridad jurídica a sus residentes y a quienes hacen negocios en su territorio. Basado en el modelo de la OCDE, el convenio de doble imposición España- Francia tiene como objetivo (al igual que el resto de acuerdos de esta naturaleza) evitar que un mismo hecho imponible sea gravado por ambos países.

A día de hoy, Francia es nuestro segundo mayor proveedor y nuestro primer cliente. En este contexto económico-comercial y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y geográficos que nos unen, cobra especial importancia la regulación de la fiscalidad de los rendimientos vinculados a ambos países.

El convenio de doble imposición España-Francia se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio que exijan cada uno de estos Estados, así como sus entidades territoriales.

Cabe destacar, en cuanto a los dividendos, que podrán ser gravados tanto en el Estado de la residencia del perceptor como en el que resida la empresa pagadora, pero en el último caso, el impuesto no excederá del 15% del importe bruto de los dividendos.

Similarmente, en el caso de los intereses, cuando el Estado que los grave sea aquél del que procedan (y siempre que el perceptor de los mismos sea el beneficiario efectivo), el impuesto no podrá ser superior al 10% del importe bruto de los mismos. En el caso de los cánones, el límite es del 5% importe bruto de los cánones.

Por otra parte, el convenio de doble imposición España-Francia incluye una cláusula en la que, en línea con los estándares establecidas por la OCDE, se regulan los precios de transferencia de acuerdo con el principio de plena competencia. Así, cuando las condiciones de las operaciones entre empresas asociadas difieran de las de otras operaciones comparables entre partes independientes, podrán someterse a imposición los beneficios que se habrían obtenido en una situación de plena competencia.

Finalmente, el convenio de doble imposición España-Francia es un instrumento indispensable a la hora de proporcionar claridad y seguridad jurídica a los inversores y trabajadores vinculados a ambos Estados, facilitando y promoviendo el intercambio económico y comercial entre los mismos.