El convenio de doble imposición España Suiza

El convenio de doble imposición España Suiza fue firmado en abril del 1966 y entró en vigor en marzo del año siguiente. Su contenido ha sido modificado en dos ocasiones mediante dos Protocolos publicados en 2007 y en 2013.

A pesar de su ubicación en el corazón de Europa, Suiza no es miembro de la Unión Europea. No obstante, mantiene relaciones económico-comerciales fluidas con los Estados Miembros, gracias a su pertenencia a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y al complejo entramado de más de 100 convenios bilaterales que regula sus relaciones con los socios europeos.

Miembro de la OCDE, Suiza ha firmado convenios de doble imposición con más de 50 países, entre los que encontramos el convenio entre España y Suiza. Este instrumento, que regula la fiscalidad de los rendimientos obtenidos en relación con ambos Estados, se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por los mismos.

En materia de dividendos, el convenio de doble imposición España-Suiza prevé que éstos podrán ser gravados por el Estado de residencia de quien los perciba, o por el Estado de residencia de la empresa pagadora. No obstante, en el último caso, el impuesto no podrá superar el 15% del importe bruto de los dividendos[1].

En el caso de los cánones, si se gravan por el Estado del que proceden, el límite del impuesto será del 5% de su importe bruto.

Asimismo, el convenio de doble imposición España-Suiza incluye una cláusula en la que, en línea con los estándares establecidas por la OCDE, se regulan los precios de transferencia de acuerdo con el principio de plena competencia. Así, cuando las condiciones de las operaciones entre empresas asociadas difieran de las de operaciones comparables entre partes independientes, podrán someterse a imposición los beneficios que se habrían obtenido en una situación de plena competencia.

Por otra parte, el Protocolo que entró en vigor en 2013 introdujo una disposición de intercambio de información de acuerdo con la cual, ambos Estados se comprometían a facilitar información relevante en materia de impuestos si la otra parte lo requería y sin que fuera oponible el secreto bancario.  

Este procedimiento, que resulta lento y tedioso, cambiará de rumbo a partir de 2018, cuando comience a aplicarse el Estándar de Intercambio Automático de Información promovido por la OCDE y con el que se ha comprometido públicamente Suiza. De acuerdo con el mismo, los países deberán recabar información de sus instituciones financieras automáticamente e intercambiarla con otras jurisdicciones con frecuencia anual.

[1] Siempre que el beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante