La erosión de la base imponible y la regulación de la OCDE

La erosión de la base imponible (en inglés BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) es el término con el que se designa al conjunto de estrategias de planificación y optimización fiscal utilizadas generalmente por las empresas multinacionales para, aprovechándose de las discrepancias e inconsistencias de los sistemas fiscales de distintos países, reducir su tributación trasladando sus beneficios a países de escasa o nula tributación.

La OCDE presentó en julio de 2013 un Plan de Acción que diagnosticaba los principales problemas relativos a la erosión de la base imponible. Tras la Cumbre de San Petersburgo de 2013, los países del G20 acordaron cumplir con dicho plan, que incluía 15 acciones específicas para poner fin a la elusión fiscal internacional. Dicho Plan de Acción gira en torno a tres pilares fundamentales:

  • Dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas.
  • Reforzar las exigencias de actividad sustancial de los actuales estándares internacionales para establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor.
  • Mejorar la transparencia y seguridad jurídica para las empresas y administraciones.

Estas medidas no son vinculantes, sino normas de soft law, pero se espera su implementación por parte de los Estados que forman el proyecto. España es uno de los países integrantes del Plan de Acción BEPS, el cual ha día de hoy incluye a 102 países.

En octubre de 2015, la OCDE amplió el Plan de Acción publicando el “paquete definitivo de medidas BEPS” para llevar a cabo una reforma integral, coherente y coordinada que hiciese frente de manera efectiva a este problema. Estableció requisitos sobre:

  • Country by country reporting: Informes país por país que brindan a las administraciones tributarias una visión global de las operaciones de las empresas multinacionales.
  • Treaty shopping: La prevención del abuso de los tratados, para así erradicar el uso de sociedades canalizadoras de inversiones.
  • La limitación de las prácticas tributarias perniciosas, principalmente en el ámbito de la propiedad intelectual y mediante el intercambio automático de ciertas determinaciones o acuerdos entre la administración y el contribuyente.
  • Procedimientos de acuerdo mutuo efectivos, con el fin de garantizar que la lucha contra la doble no imposición no genere situaciones de doble imposición.

Además, el paquete BEPS propuso la modificación del Modelo de Convenio Tributario de la OCDDE y diversas modificaciones de la normativa interna de cada país.

Según las estimaciones, la erosión de la base imponible supone pérdidas globales de recaudación respecto al impuesto sobre sociedades (IS) de entre el 4% y el 10%, es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año. Este impacto es particularmente mayor para los países en vías de desarrollo, ya que su dependencia en la recaudación de este impuesto suele ser generalmente alta.