Todo comenzó con la mitigación, o mejor dicho, la supresión de la labor del poder legislativo, ya que en una mayor medida se gobernó durante la pasada legislatura mediante decretos a refrendar, con lo que se minoró la actividad parlamentaria, evitando los procesos muy debatidos con intensa participación parlamentaria, la participación de instituciones civiles, y de los órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder judicial, las autonomías u otros órganos o instituciones.
Las normas de mayor transcendencia económica y social, como los Presupuestos Generales del Estado, fueron prorrogadas o el debate parlamentario fue considerado casi innecesario, siendo mínimo. Eso sucedió, como he señalado, en la anterior legislatura, y, es ya un hecho sine qua non que pretende convertirse en una constante durante la actual, ya que la amplia pluralidad ideológica integrada en el acuerdo de investidura con partidos de extrema izquierda, izquierda, centroderecha o derechas, dificultará enormemente la labor legislativa parlamentaria. El propio poder ejecutivo representa la pluralidad de la izquierda, desde el extremo al centro izquierda.
Pero lo cierto es que la mayor parte de lo que se ha acordado para investir al presidente, recoge los planteamientos que redacta Junts, y niega en parte, pero al final los ratifica el PSOE, incluyendo la fabulación histórica.
Pero pensamos y opinamos que no se podrá llevar a cabo; en realidad son simplemente declaraciones de intenciones políticas, muchas casi enajenadas, dignas representantes de la situación personal de distorsión de la realidad de España, consecuencia de los padecimientos patológicos e institucionales de los principales valedores del acuerdo. No se podrán aprobar, ya que, si lo son, no son constitucionales o van en contra del acervo comunitario; lo mismo se puede decir del acuerdo con Esquerra o PNV, con menor carácter patológico de distorsión de la realidad. Esas normas no se verán aprobadas, refrendadas, no entrarán en vigor o serán declaradas nulas o inconstitucionales, pero será continua la litigiosidad en todos los ámbitos, encrespando y reforzando la división de la población con el ejercicio autocrático del poder ejecutivo nacional, como ya viene sucediendo en demasiada medida en determinadas comunidades autónomas.
Actuaciones institucionales
Será con muestras del rechazo mayoritario en manifestaciones cívicas y pacíficas, en votaciones parlamentarias con disidencias dentro del partido mayoritario, o de los partidos de la coalición de investidura, mediante recursos constitucionales que al menos en parte sean atendidos, una vez perdida la confianza en las propias instituciones nacionales, planteando cuestiones prejudiciales al TJUE, solicitando la suspensión de la aplicación hasta su resolución como la amnistía si el propio TC, como parece, ya considera que la Constitución la permite, o en el TEDH, que poco puede hacer, y otras actuaciones institucionales.
También se ha acordado constituir comisiones parlamentarias, asimilables a “comisarios políticos”, de revisión de las decisiones acciones de responsabilidad que se dirigen contra los magistrados que ejercieron y ejercen su labor. Se minora, se acalla o sustituye la propia pluralidad de la diversidad de partidos políticos que son propios de una democracia, la labor del principal partido de la oposición, propia de toda democracia parlamentaria, y de otros partidos de la oposición. Empezando por su calificación negativa, son fascistas, ultraderechistas. Ya no son tratados con el respeto institucional que merecen los partidos de la oposición que en lógica liza parlamentaria representan a la ciudadanía que no votó por los partidos de la coalición de gobierno que consiguieron la investidura. Los partidos independentistas de izquierda y derecha que forman parte del grupo que apoyaron la investidura lo hicieron persiguiendo el único objetivo supremo de la vía hacia mayores competencias, poder presupuestario y la independencia de sus territorios, especialmente en el País Vasco y Cataluña.
Con la aprobación de la ley de amnistía se pretende primero suprimir no sólo la igualdad ante la ley de los ciudadanos, eximiendo de responsabilidades a parte de la clase política representada en la coalición de investidura, fabulando los hechos, mitificando la historia; nada nuevo. Pero sí lo es la exención de responsabilidad, de las sanciones administrativas y/o penales de actores políticos que componen los partidos de la coalición de investidura, que parece afectará a actores de casi todos los partidos de la coalición y la prevista revisión de la actuación jurisdiccional.
No es ya la amenaza o minoración real de la división de poderes, suscribiendo un acuerdo que deja claro el mensaje de que órganos jurisdiccionales actuaron guiados por ideología política (lawfare) y que, habiendo actuado así, deben someterse a control de comisiones parlamentarias, políticas, sus decisiones.
Labor interpretativa
Esas comisiones analizarán el comportamiento pasado de órganos jurisdiccionales, del poder judicial, y sus conclusiones se convertirán en directrices sobre su diligente comportamiento futuro, emanadas del legislador, por su naturaleza política.
Por tanto, amenazará veladamente con que, si no se siguen las directrices o conclusiones de las comisiones, podrán ejercer “acciones”. Siendo así, supone coartar “por velada o expresa amenaza” el ejercicio constitucional de su labor institucional interpretativa de la aplicación de las normas; las leyes emanan del poder legislativo, pero aprobadas y en vigor, se aplican e interpretan de forma independiente por el poder judicial.
En fin, todas las actuaciones se dirigen a la supresión fáctica de las propias características intrínsecas que caracterizan una democracia, la pluralidad de partidos políticos que se reflejaría en una intensa actividad parlamentaria para la tramitación de la legislación queda maltrecha. Se mitiga la pluralidad de medios mediante su sometimiento, incluida la asignación de la publicidad institucional o empresarial que genera sus ingresos que son manejados por el poder ejecutivo y sus empresas afines, se cercena la división de poderes, se evita la necesidad de amplias mayorías cualificadas para reformas constitucionales, obstruyendo y tergiversando el ordenamiento interpretado por jueces profesionales e independientes.
