Un sistema democrático se basa en las garantías institucionales que permiten, entre otros aspectos, la libertad económica, pero, si se suprime la labor real de los diversos partidos del arco parlamentario, sometiéndolo al ámbito regional de Cataluña y el País Vasco, lo que en realidad se está apoyando es una evolución autárquica del sistema democrático. Esto es, al gobierno se le está permitiendo actuar sin cortapisas judiciales o constitucionales de ámbito nacional que se interpondrían en su camino, de forma que, suprimiendo la diversidad que representan los partidos políticos, se extrapola al resto del sistema democrático de España, limitando no sólo, sino impidiendo sus objetivos como país.
De forma directa, los órganos de la administración o ejecutivos, aprueban normas que limitan la libertad del ejercicio empresarial, regulando en exceso los recursos humanos y minimizando la flexibilidad laboral. Así, también se mediatizan las asignaciones de los medios de producción con todo tipo de normativa detallada que va cercenando la libertad de inversión, de contratación y de la propiedad, mediatizando y sometiendo su uso y disposición a decisiones políticas.
Así mismo, los tributos aumentan continuamente, el gasto público supera el 50% del PIB, los ingresos públicos se disparan por encima del crecimiento de la economía, y se incrementan en centenares de miles los empleos públicos en poco más de cinco años. Los propios tributos pierden la finalidad de redistribución y solidaridad social e interregional, primando su sometimiento, cada vez en mayor medida, a decisiones políticas. Se descentraliza y se distribuye el poder de recaudación y gestión de la administración central hacia las comunidades autónomas, dejándola sin recursos, e impidiendo su propia actuación y existencia, o sea su labor, más allá incluso que en las repúblicas confederales.
Por tanto, la democracia, que ya se encuentra mediatizada y sometida en Cataluña y País Vasco a un acuerdo político entre sus principales partidos políticos regionales, presentes en los acuerdos de PSOE (PSC), Junts y Esquerra, o de PNV, PSOE (PSE) y Bildu, se encuentra sometida a los pactos y acuerdos de actuación de estas minorías, aun- que se diga que es de forma temporal con el objetivo de alcanzar un mayor autogobierno, o incluso, la propia autodeterminación. De manera que lo que se produce es la ex- portación del mismo sistema o modelo al resto del país, ya que se am- para en la garantía de sus instituciones democráticas de división de poderes, de independencia del poder judicial y de sometimiento al orden constitucional, que, mediante el ejercicio de los derechos de la mino- ría temporal en di- chas regiones, pretende así, institucionalizarse en el tiempo, evolucio- nando hacia la autarquía.
Lo lógico, es que en una democracia plena toda mayoría o minoría sea temporal, y esté sometida a los cambios de tendencia que se reflejan en los procesos electorales. Pero en una autarquía, la tendencia consiste en tener controlado el sistema político, apoyándose en una evolución hacia el resto del país, a través de sus instituciones democráticas nacionales. Ya que, aun no estando todavía controlado el poder judicial, se pretende su sometimiento, una vez garantizada la mayoría legislativa. Y así, se empuja a la nación española, en su integridad, a su sometimiento por la coalición mayoritaria de los partidos socialista y comunista, que obtienen a su vez el apoyo de prácticamente todo el arco parlamentario de dichas nacionalidades históricas, cuyos principales partidos de derecha e izquierda suscribieron el acuerdo nacional de in- vestidura para sacar adelante un ejecutivo cautivo de sus intereses legislativos, para mantenerse en el poder.
Además, desde esa posición, creen poder desentenderse de cualquier sometimiento a la legalidad internacional que pudiera suponer la UE, que, aunque ahora se encuentra en un periodo electoral, no ha demostrado ejercerla de manera pragmática, consintiendo autocracias como en Hungría, intentos similares en Polonia y con amenazas en Chequia y otros países. Por tanto, las instituciones de la UE han demostrado no ejercer en la práctica con suficiente contundencia la protección del acervo comunitario democrático.
Así, paso a paso se consigue que corrientes del mismo partido intenten suprimir la pluralidad parlamentaria, sometiendo actuaciones pasadas del ejercicio jurisdiccional a comisiones parlamentarias de naturaleza política, para que sirvan de advertencia en actuaciones futuras, mediante la actuación del ejecutivo y el legislativo. No sólo desde la intervención política en las más altas instancias judiciales que representa el Tribunal Constitucional u otros, sino por la reinterpretación constitucional que permita “liberarse”, y no someterse, a las mayorías reforzadas, cualificadas y necesarias, o a los mecanismos institucionales para la reforma constitucional, que represente a la mayor parte de la sociedad. Pues no, ahora ya no se requieren los consensos, porque mediante una mayoría simple, las normas se reinterpretan.
En paralelo, y como consecuencia, se van suprimiendo las características propias de la libertad económica que también queda sometida al “arbitrio” de los partidos que, con mayorías simples, apoyan al autócrata nacional, que está en la pirámide del poder, con lo que pretende demostrar y garantizar su liderazgo y su fortaleza en el ámbito de la economía y de la empresa.
