El número de pymes en España alcanza la cifra de más de 2,9 millones de empresas, habiendo cesado su actividad medio millón de ellas desde 2022. Si las dividimos sectorialmente, el sector servicios representa el 73%, seguido de la construcción con un 11%, el sector agrario con un 9% y la industria con el 6%. De esa cifra total, el 55% se corresponde a autónomos sin asalariados, y un 38% son microempresas (1-9 asalariados), quedando un restante 7% entre pequeñas y medianas empresas. Todo el sistema, como vemos, recae sobre empresas de 5, 10, 20, 35, 50 trabajadores que crean la mayor parte del empleo, pagan la excesiva regulación y la fiscalidad desproporcionada, y no pueden protestar por falta de tamaño.

A la empresa le cuesta un trabajador unos 2.500 euros, y éste percibe unos 1.500 euros netos; así que todos descontentos salvo que seas una empresa grande, que, si sube el salario por presión sindical, hace que suban las comisiones bancarias, la electricidad, el teléfono, la póliza del seguro, y listo; mientras que la pyme, el autónomo o el ciudadano de a pie no tienen otra opción que buscar las ofertas del mercado, que en realidad son todas similares en cuanto a coste y servicio.

La realidad es manifiesta, ya que los mercados no están muy abiertos a la competencia nacional o internacional, y las leyes están hechas para los reguladores de precios, y los gigantes de la energía, las telecomunicaciones y el transporte, que aunque se abran a la competencia acaban repartiéndose el mercado entre oligopolios o duopolios, y punto. Luego se hace una estadística en la que se dice que las pymes españolas son muy pequeñas, menos competitivas, y que no crecen; y con ello queda todo arreglado, porque no tienen voz, ni influencia, a pesar de sus esfuerzos.

Además, no es verdad la calificación sólo por el tamaño del mercado interior, ya que la pyme española se ha abierto camino y se ha buscado los medios para explotar los mercados de la Unión Europea.

Más de 20.000 empresas españolas, ni más ni menos, están internacionalizadas, o sea, son exportadoras, y de ellas más de 14.000 son pymes que, aunque parezca increíble, innovan, investigan, mejoran, tienen una propuesta de valía atractiva, y son flexibles en su oferta internacional.

Si no, sería imposible que ganaran cuota de mercado en los mercados internacionales y crecieran más fuera de España que dentro, y que el negocio internacional supere el 50%-70% de sus ingresos.

Todo ello a pesar del entorno regulatorio que las rodea, que en muchos casos afecta también a las empresas mediograndes y a las grandes, que son muy buenas y competitivas a nivel mundial, pero que quieran o no sufren los efectos de una economía interior poco competitiva, o que podría serlo más, así como de una regulación con falta de flexibilidad para el mercado de trabajo, unos impuestos excesivos que sostienen un gasto público excesivo y el coste financiero de una deuda pública que ha crecido demasiado en las últimas décadas. Además, una regulación demasiado intervencionista que genera parte de la ocupación al excesivo número de empleados públicos y funcionarios, que no se encuentran sometidos a la disciplina de los mercados, pues la detestan, y para remate, los sindicatos que se refugian ahí dentro, y en las muy grandes empresas, dónde se encuentran sus liberados, reciben los fondos públicos por cuota sindical, viven de leyes de hace casi 50 años que les protegieron durante la Transición, y no de afiliados, que no los tienen; y si los tienen son entre empleados públicos y de grandes empresas, en parte por la regulación que obliga a ello.

Los centros de estudios de los sindicatos, pagados por las subvenciones públicas y no por las cuotas de afiliados, en los que “investigan y estudian” liberados de las grandes empresas y administraciones públicas, también lo dicen: a las pymes, las empresas mediograndes y muchas grandes también –en el caso de las pymes es un clamor– se las califica de ineficientes, ineficaces, que no tienen tamaño, ni cumplen las ingentes cantidades de normas que todo lo regulan, a lo que los sindicatos contribuyen con entusiasmo.

Pero claro, los sindicatos no están apenas presentes en ese ente llamado pyme. Su presencia es inexistente, menos del 10% de la población trabajadora está afiliada, y más del 80% de los afiliados son de grandes o muy grandes empresas y organismos públicos; o sea, que algún sindicalista en algún momento visitó una pyme, quizás cuando fue a la compra, viajó, compró un coche, fue al odontólogo, llevó a su mascota al veterinario, sus hijos al gimnasio o a la academia de música y pintura, quién sabe.

El problema es ese, son décadas de lo mismo, y todos saben los problemas que causan, pero los sindicatos viven de subvenciones y protección, a cambio de no liarla. Las universidades y centros de FP en muchos casos ofrecen formación que saben que no es suficiente para las especialidades actuales, mientras que los profesores, funcionarios la mayoría, cobran, se protege al que tiene empleo con regulación, y no se libera o flexibiliza el mercado para proteger las oportunidades y no sólo las indemnizaciones y finiquitos, dando pábulo a jueces laborales (muchos exsindicalistas y políticos) que aplican las leyes dictadas contra el empresario, apoyados por los empleados públicos y funcionarios, que según el INE, son quienes cobran más y viven mejor.