Vivimos un momento de transformación en el que se está produciendo un cambio de paradigma que está cambiando el concepto del estado del bienestar, por el bienestar del estado; y ese cambio nos conducirá como consecuencia inevitable, hacia una mayor pobreza y pérdida de la libertad e iniciativa, que siempre fueron las claves para alcanzar mejoras sociales.
Este razonamiento tiene mucho de veracidad, si tenemos en cuenta, que el estado del bienestar es la mayor maquinaria nunca inventada para disminuir en el largo plazo la riqueza. Comenzó como un sistema de equilibrio social, de ayuda temporal a los más desvalidos y menos preparados de la sociedad, o aquellos, que por enfermedad y otras razones disponían de menores oportunidades.

Pero la transformación del estado del bienestar, se ha manifestado claramente a través de los funcionarios, quienes se han apropiado del mismo. Ahora, el estado está dirigido por el que nos ha tocado, pero antes lo dirigió otro, y mañana lo dirigirá el que venga, sea igual el nivel administrativo central o territorial que corresponda, creando un consenso de poder y privilegios entre la clase dirigente. En general, políticos de todo tipo, de cualquier signo político o tendencia, que son muchos, y que siempre ponen a trabajar el sistema para su bienestar.
Empiezan por cobrar sueldos un 57% de media superiores en comparación a los de sus pares en el sector privado, gozan de más días vacaciones, triplican el absentismo, trabajan menos horas, disponen de los medios más modernos para estar mejor formados, y tienen trabajos con un escudo protector (contratos indefinidos) por lo que no les afectan las variaciones del mercado. Al final, todas estas ventajas se reflejan claramente en su egoísmo, que no es distinto del de cualquier ser humano, que, al tener la sartén por el mango, las utilizan para promulgar normas, que les ayudan a proteger su menor eficacia y eficiencia, producto de su menor productividad.

Además, no contentos con dichas prebendas, crecen y se multiplican, así amplían su poder. Adictos al poder y al gasto, uno tras otro (ideología tras ideología, a cualquier nivel de las Administraciones), intentan que durante sus estancias o mandatos en el poder, este les beneficie, y para ello buscan y encuentran recursos como disponer de servicios médicos de una mutualidad privada, o poder teletrabajar, mucho más de lo que sería razonable, importándoles un rábano si el ciudadano que recibe sus servicios es mayor, o no tiene conocimientos tecnológicos mínimos para “navegar por sus portales saturados” para solicitar las famosas “citas previas” inoperativas, lo que supone la aberración de largas esperas en el teléfono para que alguien les atienda o responda a una llamada de teléfono.

En general, nadie piensa que recibe un excelente servicio médico, educativo, judicial, policial o del tipo que sea; lo que hace que exista una tendencia a prescindir, o salirse de la decadencia evidente, de los servicios públicos. Por ello, si la renta de cada uno se lo puede permitir, se intenta disponer de médico privado, educación privada, buscando árbitros que medien en sus procedimientos judiciales, o teniendo vigilantes privados en centros comerciales, edificios públicos y privados, medios de transporte y un largo etc. Esto, supone tener que pagar dos veces por un servicio, lo que reduce considerablemente la capacidad de ahorro, que, en el caso de que se quiera disponer de un complemento a la decreciente pensión pública, dificulta la posibilidad de disponer de un plan de pensiones privado.

Los servidos públicos en la actualidad, no están pensados en buena medida para mejorar el bienestar ciudadano, como se puede observar claramente por la baja satisfacción de los receptores de dichos servicios; pero éstos, tienen que seguir pagando sus tributos, contribuyendo en la medida de sus posibilidades a la creación y sostén de esos servicios. Por ello, se hace cada vez más necesario, mejorar los conocimientos y la cultura corporativa del funcionariado, dirigiéndose a sus usuarios-clientes, para conocer sus niveles de satisfacción mediante encuestas de opinión con preguntas realmente profundas, y no simplezas precocinadas.

Pero, todo ello solo podrá empeorar si no se le pone remedio de inmediato, mediante medidas de restructuración eficaces, ya que hablamos de voluntades intransigentes con ideas inamovibles. Hoy, las clases dependientes del estado, suponen una cuantía superior a las de la economía privada, superando los 17 millones de receptores de rentas públicas; mientras, que la menguante economía privada representa el 48% del total del PIB de 2022, batiéndose en retirada, esquilmada, agotada, asfixiada, endeudada, explotada, lo que conduce a una decadencia inexorable.

Y cuando este leviatán llega al agotamiento, a la esquilmación de la renta nacional, viendo que el PIB anual no es suficiente, comienza el cinismo sobre el capital acumulado, a través de impuestos sobre la propiedad, la riqueza, el patrimonio, y las sucesiones o donaciones, que ya se tributaron, pero que así justifican la exigencia de rentas para repartir entre los colectivos afines con objetivo electoral, mediante dádivas creadas para mantenerse en el poder, a pesar del empobrecimiento del estado.