España, estructuralmente no se diferencia tanto de otros países de la UE o del mundo; sectores como el turismo, la hostelería, la construcción, etc., son también muy importantes en Francia, Italia, Grecia u otros países, pero sin embargo, si se diferencia en cuanto a su tasa de actividad, su productividad y su población activa, que es baja, y su tasa de desempleo general, que es mucho más alta que la media de la UE y del mundo en general, duplicando, triplicando o incluso multiplicando por 4 las tasas de desempleo de Centroeuropa, países nórdicos o países bajos durante la últimas décadas.
Si nos atenemos a las estadísticas, éstas indican que el empleo público es menos productivo, por disponer de más vacaciones, más absentismo, menor jornada teórica y efectiva y otros factores, que en España se han triplicado en las últimas 3 o 4 décadas. Por tanto, se demuestra que, generando mayor número de puestos de trabajo en el sector público, ya tenemos un factor diferencial, por el exceso de peso del sector público utilizado a lo largo de las últimas décadas como “motor” de la creación de empleo.
Por más vueltas que uno le dé, parece que el factor diferencial que podría explicar esa menor tasa de actividad, población activa, y mayor tasa de desempleo general, en particular en determinadas regiones; nos hace llegar a la conclusión de que los mayores factores diferenciales se encuentran en la regulación, en las normas laborales y su aplicación, y en el mayor coste laboral, sumando los costes salariales y las cotizaciones empresariales. Todos estos factores, nos introducen en una espiral negativa de falta de flexibilidad, mayor coste laboral y menor productividad. Y sin duda, parece que también influye un sistema educativo que no consigue generar del todo los perfiles laborales necesarios, debido a los últimos cambios legislativos, que solo han profundizado dicha situación, por la falta de adecuación de la formación a la demanda de empleo, y la falta de perfiles de las áreas de ciencias y tecnología en las universidades.
Así que el legislador, de forma pertinaz durante décadas, empujado por un sindicalismo, protegido con fondos públicos y regulación, y con planteamientos del Siglo XX o anterior, confunden protección del trabajador con un entorno favorecedor de la creación de empleo que, a su vez, por influencia del exceso del sector público (menos productivo) baja la productividad general de la economía y desincentiva el emprendimiento en un mercado en que los sueldos públicos son más del 50% superiores a los del sector privado.
El exceso de regulación, intervención y protección ha llevado al mercado de trabajo español a una situación límite que se sostiene en buena medida por el déficit público, que acumula deuda pública y riega la economía de forma continua desde hace décadas. Es tan claro, que buena parte del esfuerzo se consume en obtener estadísticas que disimulen u oculten la dirección que muestra el mercado de trabajo y la economía en general.
En resumen, España tiene una población activa de 21 millones de cotizantes, que en los últimos años ha crecido en empleos públicos y empleos a tiempo parcial. La PYME juega un papel fundamental en la economía, creando entre el 65-70% del empleo, y es un factor similar y no diferencial en toda la UE y países desarrollados.
El INE y otros organismos nos dicen que más o menos el 65% de esos 21 millones, que son por tanto unos 13,6 millones trabajan en PYMEs, 3,5 en empleos públicos y unos 3,9 en empresas grandes, que muchas de ellas no tienen más que entre 60 y 100 empleados; y las grandes “campeonas”, que actúan en gran medida en sectores protegidos de la competencia por regulación, u operan en mercados en monopolio, duopolio, oligopolio o protegidos de la competencia internacional.
Mientras, los trabajadores se protegen en puestos públicos más atractivos o en los de empresas privadas de mayor tamaño, en muchas ocasiones protegidas de la competencia, que, además, incrementan los costes de suministros, cobrando más por el teléfono, la luz, los costes financieros, los transportes, seguros, arrendamientos, etc., que al final repercuten a las PYMEs, reduciendo su competitividad, y que en muchas ocasiones, la estadística reflejará como si fueran dichas PYMEs menos productivas, cuando en realidad están pagando el sobre coste del exceso fiscal, intervencionista y de servicios, suministros y aprovisionamientos de las grandes campeonas y sus excesivos precios, permitidos por la falta de mercados en competencia en que operan. Lo que demuestra que no hay duda de su poder e influencia en el mercado sobre el regulador.
Así que hoy, la decisión racional de un joven cualificado o emprendedor, o ambas cosas, es buscar primero un empleo público, cobrando un 50% más que en el sector privado y si después le quedan ganas, buscar otro a tiempo parcial, ya que la brevedad de la jornada se lo permitirá, Dispondrá de un trabajo con una jornada menor, con más vacaciones, y además tendrá un empleo fijo de por vida. No queda otra.
