Hoy se publican los datos que reflejan la morosidad en la banca. Estamos entorno al 4.5% y está bastante controlado. El total de provisiones que alcanza hoy en día el sistema financiero, nos indica que puede hacer frente hasta un 8% o 9%. Estamos viendo como se prorrogan los ERTE y otras cuestiones que pueden seguir manteniendo ese control de esa morosidad (Sería el mayor riesgo del sistema financiero actualmente).
La morosidad puede que llegue hasta el 13% o 14%. La dotación es insuficiente. No es solo cuestión de los ERTE sino también de la prórroga concursal. El año 2020 fue el año en el que menos concursos de acreedores hubo en Europa y lo mismo está sucediendo en 2021 en consecuencia de las medidas que está tomando el gobierno. Esto no refleja que las empresas no estén en concurso sino que no se han declarado formalmente. Por lo tanto, la morosidad no solo subirá en 2021, sino también en el año 2022, 2023 y 2024 donde lo más probable es que la curva cambie.
La actividad económica se recupera en comparación al 2020 y respecto al primer trimestre del 2021, pero no se va a recuperar en comparación al 2019 hasta finales de 2022, que es lo que prevén los analistas. Por lo tanto, penalizar a los empresarios por no recuperar a la totalidad de la plantilla u obligarles a ello, no da flexibilidad al empresario. Le ahoga. Los gestores públicos no deberían de tomar esa postura ni, recomendar subidas de impuestos cuando lo que hay que hacer, es lo contrario. Es decir, incrementar la recaudación incrementando los cotizantes y, bajando los impuestos. Es lo que hacen las empresas.
Por otro lado, Indra sigue sin presidente. Empresa tecnológica puntera de España. El viernes el SEPI (El Estado que tiene un 18% de las acciones), propuso destituir a Fernando Abril como presidente. Esto no ha gustado demasiado ya que hay consejeros independientes que entienden que se puede tratar de una injerencia política y que este asunto debería de ser tratado en la junta de accionistas. El gobierno ha dado una explicación a través de Montero. Todo el mundo está haciendo una lección política.
La señora Montero está confundiendo la renovación de mandato con la expiración del mandato. Estos mandatos se renuevan en la junta. Es una interferencia clara en el gobierno corporativo que se quiere promover y se quiere transparentar. Se ve una interferencia cuando solo se tiene un 18% de participación en contra de un 80% de los accionistas. Que lo eleve la comisión de nombramiento a la junta no es algo negativo sino una muestra de transparencia.
Es una interferencia política absoluta. Es una muestra de que no hemos aprendido. No hemos aprendido de toda la quiebra de las cajas de ahorros que tuvieron que ser rescatadas con dinero público. La interferencia de la política en las empresas no es buena. Se está intentando sustituir a un presidente por que no es de mi perfil político y no encaja con mis deseos. Se quiere sustituir por una persona no tan conocida por su perfil en la buena gestión o capacidad de gestionar una multinacional sino que, se hace sonar más su perfil político. Desde luego debería de ser la junta de accionistas la que debe de pronunciarse y no una ministra. Es un claro reflejo de una interferencia y un control político… El problema es que no es un suceso aislado, sino que se extiende a otras empresas de gran importancia como pueden ser: Enagas, CLH, Renfe, Navantia, Adif, Aena, RTVE, Red, y un largo etc. de empresas municipales, provinciales, autonómicas y nacionales, hasta alcanzar la cifra de miles de cargos en consejos y puestos de dirección por su perfil político y no de gestión, en el que participan todos los partidos, lo que hace mucho más difícil su reforma.
¿Aprenderemos algún día?