La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de A Estrada, con el número 00041/2024, determina el alcance de la responsabilidad que recae sobre los avalistas en contratos de préstamo empresarial garantizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) COVIT 19. Este artículo desgrana el contenido y las repercusiones de dicha decisión, enfocándose en un conflicto contractual donde se exige el pago de 20.539,72 euros, resultado del saldo deudor de un préstamo empresarial.
La disputa nace del incumplimiento de las obligaciones contractuales de una empresa respecto a un préstamo empresarial otorgado en mayo de 2020, con el respaldo del ICO, diseñado para mitigar los impactos económicos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19. La entidad bancaria demandante solicita la resolución contractual y la recuperación del saldo adeudado, argumentando un incumplimiento significativo por parte de la empresa demandada.
La deliberación judicial se centra en el incumplimiento contractual evidente y en la legitimidad del banco para demandar la totalidad del préstamo a los avalistas examinando con detalle el carácter y las condiciones del aval otorgado por el ICO, junto con la claridad de la información precontractual proporcionada a los avalistas sobre sus responsabilidades y las implicaciones de dicho aval.
Tras este análisis la sentencia establece disminuye la responsabilidad de los avalistas al 20% de la deuda total, reflejando la parte no cubierta por el aval del ICO. Esta sentencia resalta la insuficiencia de información precontractual precisa y exhaustiva en relación con las condiciones del préstamo y la extensión real de la responsabilidad asumida por los avalistas, poniendo en relieve la expectativa errónea de que su compromiso se limitaría al 20% no garantizado por el Estado, y subraya la importancia vital de la transparencia y la adecuación en la información precontractual en acuerdos de préstamo empresarial, especialmente aquellos respaldados por garantías gubernamentales. Asimismo, enfatiza el papel de los tribunales en la salvaguarda de los derechos de los consumidores y avalistas, asegurando que las obligaciones contractuales se distribuyan de manera justa y equitativa, sin imponer cargas desmedidas o injustas a las partes más vulnerables de una relación contractual.
La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de A Estrada esta sentencia es un referente en el ámbito del derecho contractual y la defensa del consumidor, ya que incide en la necesidad de prácticas bancarias más transparentes y de una vigilancia judicial meticulosa sobre la implementación de las cláusulas contractuales, en particular en contextos de crisis económica donde las garantías del Estado desempeñan un papel esencial en la estabilidad financiera y empresarial.
