Las principales reformas estructurales que necesita la economía española son sencillas de identificar: mercado de trabajo, sostenibilidad de las pensiones, mercado interior, política demográfica, fomento de la investigación y desarrollo y conseguir una educación que logre con éxito la disminución de la tasa de abandono escolar sin que afecte a la calidad, y que sea equitativa, integradora y que fomente los estudios. Estas reformas deben abordarse desde 2021, digamos que en el cuarto trimestre, vacunada la mayoría de la población española y suponiendo que la recuperación económica de 2021 y 2022 permita alcanzar el nivel de PIB real de 2019 a finales de 2022, pero no será antes de 2025 cuando el nivel de desempleo de finales de 2021 (25%-27%) se normalice, con el objetivo de que en 2027 la tasa de desempleo medida por EPA sea inferior al 6%, tasa no alcanzada por la economía española en las últimas décadas, nunca, partiendo de que la tasa promedio en 2019 fue de más del 14%.

España, es junto con Italia la principal beneficiada del programa “Next Generation”, candidata a recibir unos 140.000 millones de euros entre subvenciones (ambas se pagarán a muy largo plazo), el programa Sure (desempleo) de sus 100.000 millones de euros casi 24.000 millones corresponden a España, de fondos agrícolas con la nueva PAC, casi unos 38.000 millones desde 2023, de fondos sociales y de cohesión y otros. Los fondos europeos, por uno u otro concepto, que recibirá España en los próximos siete años son más de 200.000 mil millones de euros, que España en el programa enviado de “Next Generation” parece que se desvían en algunos puntos importantes de los objetivos.

Los fondos “Next generation” están orientados a la transición ecológica, digitalización, aumento de la resiliencia, incremento de la investigación y desarrollo, cualificación de las nuevas generaciones en el contexto del Siglo XXI, (véanse datos recientes de la encuesta sobre educación anuales en la OCDE), alcanzar tasas aceptables de empleo general y, en particular, de la población juvenil y más vulnerable.

Es evidente que en la situación actual ha sido necesario un gran esfuerzo que ha conllevado un incremento excepcional total de gasto público, del déficit público, siendo ya el estructural elevadísimo, de la deuda pública, al tiempo que se han aprobado subidas de impuestos generalizadas que son contractivas, sin acompañarlas de reformas estructurales.

Parece que los presupuestos generales aprobados por el Gobierno se han apoyado en exceso para conseguir la mayoría necesaria en un grupo de partidos con poca representación entre la población; el propio partido del gobierno parece no querer mostrarse como el partido socialdemócrata que en buena medida dirigió la transición hace más de cuarenta años y en las décadas exitosas posteriores, sino un partido dominado por líderes de nuevas generaciones, con limitada experiencia en todos los ámbitos y una inquietante apariencia de pensamiento nada moderado, que no pretende ni siquiera integrar a la mayoría amplia de la población.

Los tipos que disfruta la deuda española y en general la de los países periféricos son en buena medida fruto de una decidida política de apoyo del BCE que mediante la compra masiva de deuda pública, “los mantiene” en sus mínimos históricos (ya negativos), sin dicho decidido apoyo no serían posibles. En 2020 las nuevas emisiones de deuda pública pueden superar los 150.000 millones de euros€, además de las emisiones que hacen frente al vencimiento de la deuda ya existente, por un importe superior a cantidades excesivas en el largo plazo, no sostenibles, para una economía como la española de 2019, y mucho menos en la “economía española” actual, inferior en más del 12% de su PIB de 2020.

Pero el “inverosímil” presupuesto de 2021 provocará, sin duda, por su poca moderación en gastos como las subidas en pensiones o en los sueldos de funcionarios con una tasa negativa de inflación, optimismo en las previsiones de incremento de la recaudación fiscal frente a la realidad conocida de caídas de más de dos dígitos, generalizadas subidas de impuestos a las clases medias y más vulnerables muy afectadas por la pandemia, con nuevos impuestos que no siguen en el “tempo” los consensos internacionales.

Se ha trasladado a la UE la responsabilidad de negociar la implantación de las reformas estructurales necesarias que puedan dotar de sostenibilidad al nivel de deuda alcanzado, la reconducción del déficit público y, en particular, el estructural, que se financia con deuda y tipos diferenciales sostenidos por el BCE y la pertenencia a la UE, y en buena medida apoyado en la concesión sin las debidas reformas de los fondos europeos, de forma que a la UE no le quedará más remedio que convertir dichos sostenes del BCE y fondos europeos, en las palancas sobre las que imponer las reformas imprescindibles que el sistema político español se ve incapaz de afrontar.

Por tanto, esa base de apoyo de uno de los principales instrumentos de política económica y financiera, de ninguna manera puede dar tranquilidad a los inversores internacionales que poseen más del 50% del total de deuda pública española, más del 18% en manos del BCE o el casi 30% en manos de las instituciones financieras nacionales.

De este modo, la Comisión se verá puesta en la obligación, que era innecesaria si no llega a ser por la pandemia, de actuar prudentemente, dando “muestras de preocupación y señalando la
necesidad de emprender reformas inaplazables” que nos esperan a partir de octubre de 2021, con el nuevo presupuesto 2022 o la prórroga (con límites), estableciendo un obligado programa de estabilización de las cuentas públicas en el medio plazo, digamos a tres años, así como, las obligadas reformas estructurales del mercado de trabajo, pensiones, impulso de la investigación y desarrollo, mejoras notables educación, demografía, mercado interior y otras.

La nueva generación de dirigentes de España, debe corresponder a la confianza mostrada por la Comisión de la UE y el BCE durante la pandemia, o la que ha mostrado también Berlín y París, o la que deberá ganarse de la nueva administración demócrata de EEUU que aunque aún no se ha estrenado, conoce perfectamente el mundo y más el de sus aliados y sus gobiernos y no regala lo que no se gana con compromisos serios.

Lo contrario puede llevar a nuevos momentos complicados en la propia UE, la estabilidad financiera que debe ofrecer el BCE al ahorro de los ciudadanos del centro y norte Europa, que en buena medida son los acreedores de los países del sur como inversores, y es una necesidad inaplazable en el caso español que nos ocupa.
La prioridad de la agenda de la UE y el BCE en 2021: Objetivo España.