España acabará 2020 con una deuda que rondará el 120% del PIB, por primera vez en más de un siglo; cuando la pandemia del coronavirus asoló España a comienzos de marzo, la economía española ya presentaba una desaceleración del crecimiento económico, una altísima tasa de desempleo de más del 13%, una deuda pública del conjunto de las administraciones públicas que superaba el 95% y un déficit público de más del 3%, lo que nos situó en una posición de debilidad frente a la necesidad de hacer frente a la pandemia.
La deuda pública habrá aumentado en más de 140.000 millones de euros en términos brutos, y un 25%, en buena medida por dicho incremento del gasto y por una caída del PIB que será de entre un 12%-14% (datos del Banco de España en caso de una segunda oleada de la pandemia SARS-COV2, como así ha sucedido). Las previsiones de Funcas u otros organismos públicos y privados, incluida la propia Comisión Europea, para 2021 son de un crecimiento de la economía de poco más del 6%-7% del PIB, respecto al PIB de 2020, que será inferior al 12% del que había al final de 2019, por lo que se habrá recuperado poco más del 50% de la pérdida del PIB del año 2020 respecto al 2019; un nuevo aumento de la deuda pública; y una tasa de desempleo en la EPA del cuarto trimestre de 2020 de entre un 17% y un 20% de la población activa, lo que supone que menos personas entrarán en el mercado de trabajo porque no tienen esperanzas de encontrar un empleo.
Por tanto, la probabilidad de que España acabe con una tasa de desempleo por encima del 25% en el cuarto trimestre de 2021 son demasiado altas, casi una certeza. Y también de que la tasa de desempleo juvenil sea de más del 50%, así como la de otros colectivos vulnerables y marginados de la economía española.
Sin duda asistiremos al continuo drenaje de nuestra juventud, que buscará en países europeos u otros en el futuro un empleo que su país les niega y que la clase dirigente es incapaz de remediar. Ni siquiera pone en marcha las medidas, ampliamente divulgadas y conocidas, como un mal bíblico, sean políticos, empresarios, sindicatos o cualquier otra institución; formamos a nuestros jóvenes para condenarlos al desempleo masivo o para la emigración a otros países donde puedan ofrecerles un futuro mejor.
No es así ni lo será en otros países. En 2019 Francia tenía una tasa de desempleo de poco más del 7%, Portugal de poco más del 6%, Italia poco más del 9%, y sólo Grecia comenzó con una tasa de desempleo mayor del 16%. No merece la pena que nos comparemos con las tasas medias del desempleo de los países nórdicos, bajos, centroeuropeos o de las islas británicas, EEUU, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, que son de entre un 3% y un 5%.
Que España haya subido el salario mínimo en más del 40% entre 2019 y 2020, pretenda suprimir la llamada reforma laboral, sobreproteja a sus becarios y otras medidas semejantes
sólo ha logrado empeorar la triste realidad de la desgracia española.
No es nada nuevo que los economistas llevamos décadas pidiendo una nueva regulación del mercado de trabajo que logre mejorar la situación y expectativas no sólo de nuestra juventud, sino también de otros colectivos vulnerables.
La actitud proteccionista de nuestras normas laborales y de otros sectores y su aplicación por los juristas durante décadas sólo ha logrado empeorar este drama o tragedia hispánica, crear las estructuras de la anomalía, de la tragedia, jueces, abogados laboralistas, que nunca llegan a comprender los fenómenos económicos, pero que aplican las normas que hay sobre el mercado de trabajo, estatuto de los trabajadores, convenios colectivos, otras normas laborales, jurisprudencia y doctrina.
Sabemos además que dicha desgracia va acompañada de una dualidad entre quienes “disfrutan de un contrato indefinido”, que los sobreprotegen, acompañado de las indemnizaciones, regulaciones de jornadas, convenios, salarios de tramitación en caso de despido, frente a quienes son inmolados en el altar de la falsa flexibilidad, los “contratos temporales”, que siempre son los menos cualificados, los más débiles, los más jóvenes, los menos preparados, los últimos en llegar, acompañados de ideologías que no sirven para solucionar un problema técnico; es evidente que el egoísmo, conformismo, desconocimiento, ventajas adquiridas, comodidad si no me afecta u otras razones mantienen esta situación.
Por tanto, este artículo no va dirigido a nuestros dirigentes, me es igual su ideología o su ocupación, sino a los responsables de la UE y a sus representantes institucionales, que ahora deben apoyarnos comprando deuda pública mediante el Banco Central Europeo para que los tipos de la deuda sean mínimos, evitando que se apliquen los tratados de la UE, para permitir dedicar los recursos a la atención de la pandemia, y como consecuencia, se continuará alimentando de nuevo egoísmos y posiciones doctrinarias y populistas, permitiendo el aumento del gasto público financiado con deuda, pero sin imponer ni exigir la imprescindible
contrapartida de las reformas estructurales.
