Aunque este tema, daría para un debate inacabable, en mi opinión, las crisis globales afectan más a nuestro país sencillamente como consecuencia de una excesiva protección del mercado de trabajo, ya desde los tiempos de la transición, que ha hecho que aún con reformas y contrarreformas continuas, la reciente ha añadido más rigidez y más efecto estadístico, como las anteriores de gobiernos de similar composición. Ya que el sostenimiento del empleo y el aumento de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social son fruto en buena media de efectos de clasificación estadística y de la gran creación de empleo público, que ha sustituido como motor al sector privado, superando la creación de empleo al del sector privado desde 2018, por tanto, en los últimos 5 años.

Como consecuencia, la tasa de desempleo española sólo en algún año puntual ha bajado del 8%, que es el doble que la media de los grandes países centrales europeos y superior a la actual de Portugal, Francia e Italia, manteniéndose durante décadas incluso por encima del 15%-20%.

Todavía hoy es superior al 13%, la más alta de la UE, siendo superior al 25% la de los jóvenes y superior al 18% en casi la mitad de las CCAA, además de afectar mucho más a los colectivos más vulnerables como mujeres, extranjeros, personas con  discapacidad, mayores de 45 años y personas de menor formación.

Dicha tasa de desempleo, que equivale también a una menor tasa de actividad de la población activa y total, lastra también la productividad.

La menor actividad total de la población activa y general, y el mayor desempleo, también generan que el “esfuerzo fiscal” medido por los ingresos de los activos o perceptores de pensiones contributivas (no consideremos pensiones asistenciales, IMV, desempleo contributivo y asistencial o rentas de compensación) sea de los más altos del mundo, aún con un nivel de ingresos públicos sobre el PIB, de tributos, que es algo menor que algunos países de la UE.

También, se debe a una falta de productividad de las Administraciones Públicas que, al crecer en su participación del PIB, han lastrado la productividad global de la economía. Hoy día el gasto público consolidado supera el 50%, aunque por el déficit público es en buena medida estructural y superior al 5%, los ingresos públicos rondan el 45%- 47%.

Suele achacarse también al tamaño de las empresas españolas, mayoritariamente micropymes y pymes, pero no es un hecho tan diferencial o claro si lo comparamos con Francia, Italia o Portugal. También, la mejor inversión en I+D, más baja que la de los 3 países mencionados, la menor contribución en general de los sectores relacionados con la ciencia y la tecnología que como todos sabemos han sido críticos en el crecimiento del PIB de Países Bajos, nórdicos, centroeuropeos, EEUU y otros desarrollados del mundo.

Qué duda cabe que detrás de esa mayor tasa de desempleo de hace décadas y que permanece, además de una regulación excesivamente proteccionista que lastra en mayor medida la creación de empleo del sector privado, la alta tasa de abandono temprano de los estudios, que parece en buena medida se pretende solucionar facilitando la obtención del título de secundaria o formación profesional de una manera más sencilla o algunos títulos universitarios.

También, no hay duda que influye la falta de adecuación entre las enseñanzas universitarias y  el mercado de trabajo, ya que el porcentaje de jóvenes en la franja de edad con formación  universitaria es superior incluso a países más desarrollados del entorno que parecen utilizar de forma más eficiente y eficaz los recursos públicos destinados a la formación universitaria, que mayoritariamente, como en todos los niveles educativos, es pública.

Es destacable el mucho menor porcentaje de carreras de ciencias, ingenierías, arquitectura y en general de lo que llamamos STEM (ciencia, ordenadores, matemáticas y tecnología) frente a carreras de letras y ciencias sociales. En particular es llamativo por su probable alteración del mercado de trabajo el número de graduados en derecho que excede con mucha diferencia la de otros países desarrollados de nuestro entorno y, por supuesto las necesidades del país, y otras carreras que no presentan salidas profesionales. Este fenómeno supone un uso menos eficiente y eficaz de los recursos públicos destinados a la educación superior universitaria, provocando un exceso de titulados en letras y alguna ramas de las ciencias sociales como el derecho, mientras que hay un menor número del necesario de graduados de ciencias de la salud y ciencias en general como matemáticas, física, ingenierías, arquitectura, tecnología, y otras titulaciones relacionadas con las mayores necesidades de la economía, por lo que el sistema falla en la asignación de recursos, en particular, públicos.

Por tanto, un exceso regulador, un crecimiento desmesurado de las Administraciones, el incremento continuo y acumulado de los ingresos públicos, por tanto, de los tributos y otras figuras, que ha acompañado a un continuo incremento acumulativo del gasto que adicionalmente, para sostener su nivel creciente, ha incrementado la deuda pública de una forma excesiva y su carga en forma de intereses. Una excesiva protección del mercado de trabajo que mantiene elevadísimas tasas de desempleo, una tasa de abandono escolar muy elevada y una educación profesional y en particular universitaria que destina exceso de recursos a materias no tan demandadas por el mercado, pero limita los recursos de las especialidades más necesarias para el futuro. Además, una demografía decreciente, que ha limitado la caída de la RPCR, pero supone una explicación indudable de la pérdida de productividad y menoscaba el futuro de la nación, sólo compensada por la inmigración, en gran parte de menor cualificación que la nacional, que ocupa puestos de menor cualificación y retribución y, por tanto, de menores ingresos públicos, pero a su vez, demanda más gasto público, por lo que su contribución es menor. Y una menor, mucho menor, atención a la investigación, ciencia y tecnología, que han lastrado el incremento de la productividad, han explicado en buena medida la congelación de la renta per cápita española desde hace ya casi 15 años.

Las soluciones no serán sencillas ni podrán adoptarse en el corto plazo, sino sobre todo en el medio y largo plazo, requiriendo un esfuerzo de las principales fuerzas políticas nacionales y agentes sociales, trabajadores y empresarios, y en todas las administraciones públicas, y deberán comenzar cuanto antes, no de una forma dispersa sino con una aproximación global a los problemas, descendiendo a los detalles y en todos los servicios universales prestados y otras áreas del gasto público.