El año pasado, los gobiernos incrementaron sus ingresos en términos nominales por la subida derivada de la inflación de sueldos, precios de los bienes y servicios sometidos a imposición indirecta, principalmente IVA y tributos asimilados, pero también los aranceles aduaneros, o los que encuentran su base imponible, su hecho imponible, en la compraventa de bienes inmuebles, o cuando hacen tributar al beneficio nominal de las empresas.
En el caso concreto de la imposición directa personal, impuestos sobre la renta, por la tributación en “frío”, pueden aumentar los ingresos fiscales no sólo en términos nominales, sino también en términos reales por el salto en una tabla progresiva, ya que los incrementos de salarios para compensar en parte la inflación hacen que el sujeto pasivo “salte”, pase a tributar, a una escala superior.
Pero al subir el tipo impositivo por el incremento del ingreso nominal se tributa a un mayor tipo impositivo, sin haber ganado más en términos reales, aumentando la recaudación por “subidas” de impuestos derivadas de efectos nominales por causa de la inflación, y también por subidas reales del impuesto directo al subir en la escala a un tipo impositivo mayor, lo que se puede compensar deflactando la tabla sobre la que se calculan los tipos.
La inflación empobrece a la población, perjudica a las empresas, aumenta la recaudación fiscal, deteriora el ahorro y también la deuda pública.
la forma más rápida compensar en el sueldo líquido la inflación, o en la declaración anual del impuesto respecto al ejercicio fiscal anterior, que en el mejor de los casos sólo compensará parte, y en la mayoría tampoco se deflactan todos los tipos, dejando que aumenten los tipos de los impuestos en la parte superior de la escala, que se aplican a los sueldos superiores.
Pero lo más destacable es que, en un año en que el deflactor sea del 8%, la deuda pública ya emitida, sea en manos del BCE, de bancos comerciales, fondos y, menos, particulares, por ejemplo de las Administraciones Públicas españolas, donde participan todos, se ahorra en términos nominales “como si fueran el 8% de un saldo de unos 1,5 billones de deuda pública en circulación”; o sea, otros 120.000 millones, que en realidad perdemos todos y el BCE, ya que hemos deteriorado el valor real de nuestros ahorros o del saldo de deuda pública de los estados miembros en el balance del banco central.
Los países más serios usaron mejor los años de monetización y aumento de deuda privada avalada para combatir los efectos de la pandemia, y ahora reducen deuda pública en porcentaje del PIB, al tener menores déficits públicos. Otros lo están usando en mucha mayor medida para consolidar un alto nivel de gasto público y déficit estructural, como es el caso de España, pero cuando deban volver a una disciplina más férrea, con una intensidad mucho más cierta en 2024, llevará a dichos países a la necesidad de aprobar planes a medio plazo, 3-4 años, con fuertes programas de reducción de los déficits públicos estructurales para que puedan en el medio y largo plazo reducir su deuda pública sobre el PIB, siendo su población la que más sufrirá los efectos de la pérdida real de riqueza por la inflación y los ajustes del gasto público y las subidas previsibles de impuestos.
Estabilizadores automáticos La previsible recesión, contracción de la actividad económica, del PIB, afectará a los ingresos públicos, disminuyéndolos, pero no tiene por qué disminuir el gasto público, más bien al contrario, al poner a funcionar los estabilizadores automáticos, (por ejemplo, seguros de desempleo por alzas del paro y otros), y porque el gasto público se ha “consolidado”, en el caso de países como España, en que el déficit público estructural según las estimaciones más veraces está hoy día entre el 4% y el 5% del PIB, por tanto de 50.000 a 60.000 millones de euros anuales. El grupo más disciplinado de países, dándose cuenta de los efectos que tendría de empobrecimiento “real” de sus sociedades, que con pocos años sería desestabilizador, por ejemplo con una inflación anual del 5%-6%, si se prolonga cinco años puede provocar la pérdida, en términos reales, de más del 35% de la renta de los habitantes de un país, causando verdaderos estragos en reducción de la renta per cápita de las sociedades, teniendo efectos que pueden ser “explosivos”, creando un ejército de millones de dependientes, un gran descontento social, y creando las bases de una reserva de posibles, y más que probables, futuros estallidos sociales inesperados, violentos, bruscos e incontrolables.
Por dicha razón, la política monetaria de los bancos centrales debe recuperar la estabilidad de precios en el menor y razonable tiempo posible, induciendo una corta recesión si es necesario, además de su credibilidad como autoridades monetarias. Por ello, el BCE debe ya este año vender más deuda pública estatal que comprarla, devolviendo a los mercados la financiación de deuda pública por déficits y nuevas necesidades de financiación por amortización de la deuda viva, disciplinando los mercados a los gobiernos, ya que éstos deberán ir a financiarse en cada vez mayor porcentaje de la emisión de nueva deuda, por déficit y vencimiento de la preexistente, a los mercados, desapareciendo el BCE como adquirente, progresivamente pero de manera tenaz.
La inflación empobrece a la población, daña a los ciudadanos con menos renta, sean pensionistas, trabajadores con menores salarios y otros colectivos sin poder de negociación, perjudica a las empresas que trabajan en mercados competitivos, que son los de autónomos, micropymes y pymes en su mayoría, aumenta la recaudación de las Administraciones Públicas, que como en España incrementan el gasto sin reducir casi el déficit, deteriora el ahorro, también la deuda pública, “reduce nominalmente” la deuda pública en porcentaje del PIB, al subir el PIB nominal más que el déficit público, pero la deuda no se reduce en términos absolutos, sino que ha aumentado, aunque valga menos.