Creo que es un buen momento para hablar sobre el nuevo incremento que supondrá la regulación de los planes de pensiones en un mercado en el que el coste laboral de las empresas ya se ha visto muy incrementado por la subida de más del 40% del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años, hasta alcanzar un coste mensual para el empresario que supera los 1.500 euros. A los que hay que sumar las propias subidas de las cotizaciones empresariales y las subidas más que proporciona- les en los topes de la base de cotización y otros, que han de- mostrado que en los últimos cinco años, quitado el empleo público que sí ha subido en más de medio millón de personas, y la recuperación de los empleos privados destruidos durante la pandemia, son en realidad malas noticas en un país en el que el desempleo general es de más del 14%, y el juvenil de casi el 30%, siendo la tasa de desempleo femenino superior el 16%, y elevadísimas también las de la población inmigrante y la población con discapacidad, que además en términos generales afecta mucho más a las personas de menor cualificación y retribución.
El incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social que, no siendo una mala noticia, refleja que en buena medida se ha concentrado en el contrato fijo discontinuo, que existía de toda la vida, pero desde la última reforma laboral hace que se creen y destruyan millones de puestos de trabajo mensualmente, siendo la mayoría a tiempo parcial. Lo que supondría que esos puestos en términos equivalentes a jornada completa mensual de 40 ho- ras serían menos de la mitad equivalente en número, pues son a tiempo parcial, por menos horas semanales y no durante todo el año, sino sólo durante unos meses, mientras que el resto del año el trabajador permanece parado, y así como figura en las listas del desempleo.
Otro problema es la fuerte distorsión que tenemos en la necesidad de trabajadores cualificados en el mercado español, mientras que casi dos millones de desempleados cobran el desempleo y son casi tres millones los que están en paro, pese a tener una población activa general baja, poco más del 47% (23 millones de población activa sobre 48,3 de habitantes), siendo la población activa de poco más del 80% sobre la población entre los 16 y 66 años.
Por tanto, la reforma del mercado laboral debería incidir de forma taxativa en la flexibilidad del mercado de trabajo, y en particular en un menor coste del despido. Por ejemplo, debería incluir la supresión de la indemnización en los 2 ó 3 primeros años de un contrato indefinido; o sea, menor intervención administrativa en los expedientes de suspensión de empleo temporal y extintivo. Así mismo, se debería regular con incentivos la prolongación de la vida laboral, incentivando su extensión voluntaria, permitiendo la percepción no de una proporción de la pensión, sino de la totalidad de la contributiva, mientras se sigue trabajando.
El mayor coste laboral empresarial en Europa
El principal problema del desempleo en España es el coste laboral empresarial, el más alto de la Unión Europea, con más del 26,5% de coste empresarial con el límite del tope de las bases de cotización que pocos alcanzan, y el coste del despido. La reforma laboral no sólo ha rigidizado el mercado laboral al suprimir el contrato temporal, sino que ha aumentado el control sobre la subcontratación entre empresas. Por tanto, para poder disminuir el coste laboral empresarial y mantener la financiación de las pensiones y de la Seguridad Social, que presenta un fuerte déficit cubierto con aportaciones, sólo se podría mejorar bajando la contribución de la em- presa y aumentando la del trabajador simultáneamente, de forma progresiva y pausada para limitar sus efectos, durante 3-7 años, de manera que la empresa, sin aumentar los cos- tes de los salarios totales promedio, podría contratar más trabajadores.
Lógicamente, al aumentar los trabajadores en activo y con empleo que cotizan y pagan impuestos, al compensarse la bajada de la cotización empresarial con el aumento de la de los trabajadores, aumentaría la recaudación de la Seguridad Social, los ingresos fiscales y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En resumen, se alcanzaría un sistema más equitativo que daría más oportunidades a todos, que disminuiría la desigualdad aumentando las oportunidades vitales, y que sería indudablemente un mejor sistema social que el actual, que es muy, pero muy injusto, y que protege a quienes tienen empleo frente a los que no lo tienen, excluyendo en particular del mercado a los colectivos menos favorecidos que no vienen siendo atendidos por los sindicatos que centran su atención, solicitud de reformas y propuestas casi en exclusiva en la población trabajadora.
