El 20 de febrero de 2024 el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia relevante en materia de responsabilidad civil de administradores de sociedades, marcando un precedente significativo en la interpretación del régimen de responsabilidad por deudas en el contexto de disolución y liquidación de sociedades. Esta sentencia, sin duda, se convierte en un punto de referencia crucial para abogados, empresarios, y administradores de sociedades en España.

La cuestión central del litigio giró en torno a la demanda interpuesta por un antiguo empleado de una sociedad contra los administradores de esta, alegando responsabilidad por unas cantidades adeudadas derivadas de la extinción de su contrato de trabajo y salarios impagados. El demandante sostenía que la actuación de los administradores había impedido el cobro de sus créditos.

La resolución aporta luz sobre varios aspectos de la responsabilidad de los administradores en situaciones de disolución y liquidación de sociedades:

1. Prescripción de la Acción de Responsabilidad por Deudas: El Tribunal establece que la acción de responsabilidad por deudas sociales tiene el mismo plazo de prescripción que la deuda garantizada, señalando que, para deudas de naturaleza personal, el plazo es el previsto en el artículo 1964 del Código Civil.
2. Requisitos para la Acción Individual de Responsabilidad: El Supremo recalca que no basta con la existencia de causas de disolución y la inacción de los administradores para proceder con una acción individual de responsabilidad. Es necesario demostrar que, de haberse procedido a una liquidación ordenada de la sociedad, el acreedor podría haber cobrado su crédito. Este aspecto subraya la importancia de la relación causal directa entre la conducta de los administradores y el daño sufrido por el tercero.
3. Importancia de la Diligencia y las Medidas Legales:  Se resalta la importancia crítica de la actuación diligente y oportuna de los administradores ante situaciones de insolvencia o causas de disolución.

Esta sentencia no solo tiene importancia dentro del sector legal, sino que también proporciona valiosas lecciones para quienes dirigen empresas en España, resaltando la necesidad de que estos estén al tanto de las consecuencias legales derivadas de sus decisiones y conductas, en particular cuando se enfrentan a situaciones de crisis o procesos de disolución empresarial.